El hipergueto global

     ¿Qué tienen en común un sociólogo francés afincado en California, un pescador gambiano que vive en Terrassa, un fontanero boliviano que duerme en el barrio de Aluche en Madrid, una religiosa catalana que trabaja en la pastoral penitenciaria de Málaga y un empresario jubilado de Alicante? Pues que todos ellos, y otros varios millones de personas más, viven atrapados en lo que podemos llamar el “hipergueto global”. Veamos, por partes, a qué nos referimos con este término.

 

Loïc Wacquant: el marco teórico

La expresión “hipergueto” fue acuñada por el sociólogo Loïc Wacquant para describir la situación de la población negra en Estados Unidos en la fase histórica actual.

Las configuraciones sociales anteriores son, primero, la dramática y sangrante fase de la esclavitud; segundo, la etapa de segregación racial en el Sur de Estados Unidos que, al menos en parte, coexiste en el tiempo con el tercer modelo: el gueto urbano en el Norte de EEUU. Se trata de tres modos de conseguir tanto la explotación laboral como la segregación étnica de la población negra.

Hoy asistimos a una simbiosis mortal entre cárcel y gueto, a través de la encarcelación masiva de la población negra. La “prisionalización del gueto”, y la consiguiente destrucción del entramado comunitario, acaban por definir una nueva configuración: el “hipergueto”. Algunos datos permiten constatar esta realidad. En EEUU, el 68% de las personas privadas de libertad pertenecen a minorías étnicas. Aunque los afroamericanos sólo representan el trece por ciento de la población de Estados Unidos, constituyen el 58% de los reclusos y el 74% de los condenados por delitos relacionados con las drogas. Según datos oficiales, el 12% de los varones negros entre 20 y 30 años está preso.

Wacquant señala que se ha producido un proceso simultáneo de «prisionalizar el gueto» y de «guetificar la prisión», enviando a los jóvenes negros e hispanos a la cárcel. ¿Se trata sólo de una tendencia norteamericana en los lances finales del siglo XX y principios del XXI? ¿O puede ser que este mecanismo se esté reproduciendo a gran escala en el modo europeo de gestionar sus fronteras, controlar las migraciones y someter a los países africanos? ¿Es posible que estemos entrando en una etapa histórica marcada por el hipergueto global?

 

Demba Diop: la externalización de las fronteras

Demba Diop es un joven pescador originario de Gambia que lleva varios años asentado en Terrasa. Su hermano sigue viviendo en Banjul, es electricista, se ha quedado en paro, y hace unos meses decidió marchar a Europa, concretamente a Cataluña, para luchar por un futuro mejor para él y su familia. ¿Qué se encuentra al intentarlo?

Como no hay embajada ni consulado español en Gambia, es prácticamente imposible acceder a una contratación en origen. En el año 2006 se firmó un acuerdo de cooperación migratoria entre España y Gambia (llamado de “nueva generación”, semejante a los firmados con Guinea, Cabo Verde, Malí y Níger). Fruto de ese acuerdo, el Gobierno español ha donado 500.000 euros para el mantenimiento, el combustible, el funcionamiento de las patrulleras y la formación del personal gambiano; en marzo de 2009, España ha entregado a Gambia dos vehículos todoterreno, dos zodiac, cinco motos y un equipo de trasmisiones para la vigilancia de las costas. Toda la “ayuda”, centrada en la lucha contra la inmigración ilegal. El resto han sido promesas que aún no se han materializado, para construir tres centros de formación profesional y un programa de ayuda a mujeres de la zona rural. Todo parece indicar que se trata de una ayuda condicionada, es decir una perversión de la verdadera cooperación internacional al desarrollo: los gobiernos europeos ofrecen ayudas monetarias, con la condición de que los países africanos ejerzan de gendarmes para el control de los flujos migratorios.

En realidad, este freno a la migración es la verdadera prioridad de los gobiernos europeos y, así, la repatriación de personas en situación irregular constituye la única materia desarrollada en los acuerdos, mediante la inclusión de un anexo sobre “Procedimiento y garantías para la readmisión de personas” que especifica los detalles del proceso de repatriación. Llama la atención la ausencia de referencias vinculantes a la debida protección de los derechos humanos en estos acuerdos, cuestión de gran importancia en todas las fases del proceso de repatriación.

Además, la política europea ha ido gestando y practicando una serie de instrumentos de control que cada vez sitúan más al sur la frontera real. Por un lado, están las patrullas marítimas conjuntas, tanto los sistemas y operaciones desplegados bajo el paraguas de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (FRONTEX), como los implementados al margen de ese paraguas (como Atlantis, Sea Horse o Noble Centinela), así como la Red europea de patrullas. Hay serias dudas de que estas operaciones marítimas de control de fronteras sean conformes con la protección de los derechos humanos y con las exigencias del Estado de Derecho.

Además, están los instrumentos de vigilancia electrónica para reforzar el control de las fronteras marítimas: el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), el satélite militar SPAINSAT operativo desde 2008 y la propuesta comunitaria de crear un sistema europeo de vigilancia de fronteras bajo el nombre de EUROSUR (European Border Surveillance System). En la misma línea, hay que destacar los equipos Rabit de intervención rápida para las fronteras exteriores (aprobados en julio de 2007 y operativos desde enero de 2008). Parece orquestado para que el hermano de Demba no pueda salir de Gambia ni, mucho menos, llegar a Europa.

 

Felipe Mamani: los CIE

A diferencia de muchos jóvenes africanos, Felipe Mamani, boliviano de Cochabamba, sí logró entrar en nuestro país, hace casi tres años. Lo hizo como la mayoría de los “inmigrantes irregulares”, a través del aeropuerto de Barajas. Desde entonces ha podido salir adelante, en medio de la precariedad, gracias al apoyo de su esposa, de su propio esfuerzo y del motor que suponen sus dos hijos.

La cosa se empezó a llenar de nubarrones cuando a Felipe le pidieron la documentación por primera vez, hace un año, y le dieron una orden de expulsión. Luego, el miedo se les fue metiendo en el cuerpo: cada vez había más controles de policía a la salida del metro o incluso en el locutorio. Pensaba: ¿Lo harán sólo para molestar? Pero el ministro Corbacho cada vez decía cosas más duras: que si la directiva de retorno, que si se va a impedir la reagrupación familiar, que si sólo podrán venir los inmigrantes cualificados con carrera universitaria…

Lo más tremendo, sin duda, vino después, cuando metieron a Felipe en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche. Su esposa tenía turno de tarde, así que era él quien debía recoger a los niños al terminar el apoyo escolar; pero esa tarde no fue así: lo detuvieron al salir del metro. No pudo ni llamar por teléfono, los niños se quedaron solos al cuidado espontáneo de una vecina y su madre no pudo verles hasta las once de la noche. Luego vino un infierno que duró 23 días con sus 23 noches. Un infierno, o en realidad cuatro: el de Felipe, el de su esposa y el de los dos hijos que viven en Madrid. Angustia, impotencia, separación, incertidumbre, desesperación, depresión. Luego, sin previo aviso y sin poder despedirse de su familia, fue repatriado a Bolivia. Y todo ello sin haber cometido ningún delito, simplemente por una falta administrativa. O por el “grave delito” de considerar que las barreras nacionales no pueden ser un freno para buscar un futuro digno para su familia.

 

Núria Massip: la prisionalización

Cuando Núria Massip llegó a Málaga en 2004, para trabajar en la pastoral penitenciaria, la prisión de Alhaurín de la Torre no estaba tan masificada como ahora, que tiene más de 2000 internos. Tampoco había tanta presencia de personas extranjeras como ahora; recuerda muy bien, por ejemplo, que sólo había un muchacho senegalés, Adama era su nombre. Hoy hay en esta prisión catorce senegaleses, doce de los cuales cumplen condena por vender copias piratas de cedés.

Esta religiosa catalana sabe que en las cárceles del estado español hay casi 75.000 personas, siendo 17.500 de ellas presos preventivos. Los ciudadanos extranjeros suponen ya el 34% de la población penitenciaria, pero lo curioso es que casi la mitad de ellos está en prisión preventiva. Mientras que muchos ciudadanos españoles son puestos en libertad condicional a la espera de juicio, en el caso de los extranjeros casi siempre van a prisión antes de ser condenados. Por eso aumenta tanto su número.

Es otra de las ambigüedades y limitaciones del derecho penal, que lo convierten en un instrumento asimétrico, desigual y, por tanto, injusto. No todas las faltas contra el orden social son tipificadas como delito; no todos los delitos son sancionados con penas de prisión; no todas las personas que cometen delitos son perseguidas ni detenidas; no todas las personas detenidas son juzgadas; no todas las personas juzgadas son consideradas culpables; y no todas las personas culpables acaban en prisión. En ese itinerario de diversos escalones, el derecho penal con toda su violencia tiende a caer precisamente sobre las personas más vulnerables y, en este tiempo, sobre las personas de origen inmigrante.

La criminalización ambiental, la estigmatización étnica y la vulnerabilidad social se convierten en mecanismos de una encarcelación masiva y excluyente que corre el riesgo de llegar a prisionalizar a las minorías étnicas (inmigrantes, gitanos) y a guetificar la prisión.

 

Miguel Romá: delito de hospitalidad

Al principio, Miguel no sabía si iba en serio o en broma. Semejante despropósito parecía inconcebible. Pero luego le mostraron el texto del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, y allí estaba: se considera que incurre en falta grave (sancionada con multa de 501 a 10.000 euros) «quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor».

Así que Miguel, un jubilado alicantino, y otros catorce amigos, decidieron poner en marcha la Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, a la que se han adherido casi 10.000 personas, parroquias, comunidades y asociaciones. Esta plataforma denuncia una ley que pretende despojar de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular, intimidando con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro. La plataforma desenmascara a un estado que pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los derechos humanos.

Se trata de un paso más en la línea de criminalizar a la población migrante. No sólo amplía los círculos del miedo, sino que además busca segar las escasas posibilidades de apoyo que las personas en situación irregular pudieran encontrar en la solidaridad ciudadana. ¿De qué vivirían entonces estas personas? Parece una sanción pensada para abocar a la criminalidad (los inmigrantes indocumentados tendrán que “buscarse la vida” como sea) y justificar así nuevas medidas represivas.

 

Conclusión

La lógica del poder parece estar funcionando con pasos escalonados. Primero, lograr que los potenciales inmigrantes no salgan de sus países de origen (externalización de las fronteras); segundo, que quienes estén ya aquí se vayan (Centros de Internamiento de Extranjeros); tercero, encerrar a aquellos que no pueden ser expulsados (encarcelación masiva y prisionalización étnica); cuarto, al resto, no permitirles ni la red social básica para sobrevivir (el delito de la hospitalidad).

Estamos entrando en el hipergueto global?

 

Daniel Izuzquiza

Coord. del Centro Pueblos Unidos (Madrid).

Servicio Jesuita a los Migrantes (SJM)-España

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