No es experto en nada, pero, a su manera, busca explicaciones a cuanto sucede a su alrededor. Y, a su manera, lo cuenta. Y de esta manera cuestiona a los políticos en el poder…

¿No les pasa a ustedes? A veces hay situaciones de nuestros gobernantes que parecen volverse confusas de golpe y difíciles de aclarar. Aunque nos dicen que, en teoría, todo está muy claro.

 

Desde los colegios nos enseñaron que vivimos en un Estado de Derecho sujeto a la Ley y al respeto de los Derechos Humanos que prevalecen respecto de las prerrogativas públicas.

Que en el Estado de Derecho hay separación e independencia de poderes (el legislativo, el judicial y el ejecutivo/administrativo). Cada poder tiene sus funciones, aunque el Gobierno o poder ejecutivo debe responder de su gestión política ante el Parlamento.

Y hay elecciones libres para elegir a los representantes (del Parlamento y del Senado) en los que delegamos la soberanía del pueblo. Según el país, estos representantes eligen a su vez al Presidente del Gobierno.

Bueno, esta es la teoría que aparece con claridad en la Constitución.

 

Es decir, que los gobernantes son elegidos por el pueblo y por tanto son delegados de la población, nuestros representantes, y pagados con dinero público.

Por eso están obligados a responder ante el pueblo de todo cuanto hacen o dejan de hacer, están obligados a ser transparentes y a decir siempre la verdad en el Parlamento, en los Juzgados y en todas partes.

Así pues, no vale para los gobernantes eso de que los imputados judicialmente no tienen la obligación de decir toda la verdad. Ni vale para los gobernantes ocultar datos o guardar silencio, alegando la presunción de inocencia, hasta que decidan los jueces. El pueblo no ha elegido a los jueces (aunque la justicia emana del pueblo), ni es en los tribunales donde se asumen las responsabilidades políticas; los tribunales sólo conocen de delitos.

Por tanto, da igual lo que digan los jueces, pues los gobernantes han de responder, ante el pueblo y el Parlamento, de todas las obligaciones pertinentes a su cargo y de todos los incumplimientos, sean o no delitos. Las actuaciones judiciales no les eximen de sus responsabilidades políticas; porque los gobernantes no han sido elegidos para no cometer delitos, sino para administrar, servir a la ciudadanía y responder ante ella.

Y si alguien quisiera confundirnos sobre este tema, automáticamente se convertiría en un personaje sospechoso.

 

Nunca lo olviden, los gobernantes no son dueños de la soberanía, sólo son delegados. Y es el bien común de la población lo que deben perseguir en todas sus actuaciones, más que la fidelidad ciega a su partido político. En caso de dudas, la ciudadanía está antes que los partidos.

Y aunque los miembros elegidos de los partidos ejercen la labor legislativa (y todas las leyes han de buscar siempre el bien general y no otros objetivos ajenos), los gobernantes deberían ser siempre muy respetuosos con las propuestas respaldadas con firmas de la ciudadanía, y con las protestas ciudadanas y manifestaciones pacíficas en las calles. Y de ninguna manera deberían despreciarlas y mucho menos condenarlas sistemáticamente o reprimirlas en nombre de un Orden determinado y a veces dudosamente interpretado por ellos. Sólo les prestamos nuestros votos, ¿con qué derecho se apropian de nuestra voz y voto?

Y, además, deberían ser los mayores colaboradores con el Poder Judicial y en ningún caso presionar a los jueces ni trampear a la Justicia. 

No se entiende la prepotencia de algunos dirigentes, que hablan como dueños de la verdad y desprecian todas las propuestas alternativas procedentes de la  población, de otros grupos políticos o del Poder judicial. ¿Qué rollo es ése de que ganaron las elecciones, como si eso fuera un salvoconducto para hacer lo que quieran durante cuatro años?

Todos los gobernantes tendrían que plantearse diariamente estas cuestiones: Para quiénes gobiernan y en nombre de quiénes gobiernan.

 

La corrupción es el mayor peligro para los gobernantes, surja en su ámbito interior o en su entorno. Con la corrupción, el interés general empieza a sustituirse por otros intereses particulares, se pasa a las tramas ocultas y al lenguaje mentiroso,  y los gobernantes se van prostituyendo a la vez que se burlan del pueblo que los votó.

Es bochornoso, además, observar a los gobernantes ocultando sus corrupciones o protegiendo a sus copartidarios corruptos, sin exigirles ni asumir sus responsabilidades políticas, desviándolas malintencionadamente al terreno judicial, no sin obstaculizar y demorar los procesos buscando la impunidad. Es lo que llaman “judicialización de la política”.

Sin lugar a dudas, esos gobernantes son indignos de ser delegados del pueblo y deberían dimitir inmediatamente.

 

La manida democracia no está en la pomposa invocación de la Constitución y del Estado de Derecho, ni en las llamadas al respeto de las instituciones y de sus dirigentes. La democracia se juzga por la catadura de esos dirigentes. A todos los que ostentan cargos públicos, desde los alcaldes hasta el rey, se les debería exigir pulcritud y ejemplaridad, como a la mujer del César (no sólo el serlo, sino el parecerlo).

Pero una ola de confusión parece alcanzar a nuestra sociedad que le impide distinguir lo legal y lo ético. Como si todo lo que no está prohibido por las leyes estuviera permitido o fuera correcto. Y nos forman unos líos tremendos con expresiones jurídicas y técnicas.

Nos recuerda Máximo Alaez que ley y ética se mueven en distintos planos: lo legal es “lo que está permitido, o regulado por las leyes” y lo ético es “lo que se debe hacer, o lo que es correcto hacer”.

No vale que nos digan que ciertos comportamientos de las autoridades no son ilegales, lo correcto es comprobar si son éticos. Los gobernantes están obligados, por ejemplo, a ser siempre transparentes, exista o no exista “Ley de Transparencia”.

 

En fin, parece que es hora de exigir a los políticos y a sus comparsas mediáticas que no confundan a la ciudadanía, que no identifiquen responsabilidad política con delito, gobierno con partido, ser delegados con ser dueños de la soberanía, lo legal con lo ético.

Y tal vez es hora de que la ciudadanía se resista a ser tratada como menor de edad e incapacitada, como una convidada de piedra que asiste muda a las constantes fechorías de muchos de sus gobernantes, y defienda su Constitución nacional, y aumente su participación más allá de acudir a las urnas cada cuatro años, y niegue su voto a políticos corruptos y no siga indiferente aguantando carros y carretas.

Así terminó su reflexión, que nos pareció sencilla y esclarecedora.

 

 

 Ventana del mochuelo

 

  1. Paco
    09 Sep 13 18:17

    Brutalmente acertado mochuelo. Pienso luego existo, o mas bien<>. Esta claro que desde el vértice de la pirámide no vendrá la solución a los problemas sociales, ni a los globales ni a los individuales. ¿Como es posible que no brote algo de “ética de mínimos” entre quienes siendo los “delegados” del pueblo se arrogan todo el poder?.

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