Cuando en un lejano 1963 pisé por primera vez la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, recibí la única definición que me quedó grabada a lo largo de la carrera: “La economía es aquella ciencia que estudia el aprovechamiento de los recursos escasos que nos suministra la naturaleza, para transformarlos y obtener con ellos bienes y servicios que sean útiles para cubrir las necesidades humanas (según algunos, ilimitadas)”.

 

Nunca hemos estado tan cerca y a la vez tan lejos de conseguir este objetivo. En efecto, por primera vez en la historia de la humanidad la producción de alimentos supera a las necesidades de la población mundial; podría haber un acceso universal al agua potable, a los medicamentos, a la vivienda y a la educación. Disponemos de amplísimos medios de información; de sistemas de alerta temprana en caso de catástrofes naturales; de rapidez en el transporte y de progreso técnico de la más diversa índole.

 

Sin embargo, jamás como ahora tanta gente ha muerto diariamente de hambre; las diferencias entre ricos y pobres, tanto a nivel mundial como dentro de los estados, ha sido tan grande; y tampoco el destrozo de la naturaleza y el agotamiento de los recursos había llegado a las actuales dimensiones.

 

¿Por qué hemos llegado hasta aquí?

La respuesta la podemos hallar en algunas razones, todas ellas relacionadas con el afán de lucro, con el dominio de las finanzas, con la exuberante voluntad de acaparamiento y que podrían resumirse en una notable falta de ética en la vida económica.

Algunos mecanismos perversos dominan las relaciones de producción, de distribución y de consumo y parece que tanto las escuelas de pensamiento económico vigentes como los medios de comunicación avalan sin ningún escrúpulo estos tipos de comportamiento.

 

Cambiar el actual funcionamiento de la economía debería implicar, sin ninguna duda, la desaparición del capitalismo neoliberal y el surgimiento de un sistema socio-económico que cumpliera con los requisitos de la definición inicial.

Ciertamente no tenemos en reserva este nuevo sistema, pero sí algunos  de sus elementos.

 

El primero de los mismos debería ser capaz de eliminar el hambre, la más vergonzante de las lacras sociales. Alcanzar la soberanía alimentaria es posible mediante un buen reparto de tierras, la opción de producciones para el consumo y no para la exportación, el aprovechamiento no abusivo de la pesca, la eliminación de los transgénicos y la priorización de algunas imprescindibles inversiones (formación profesional agraria, regadíos, maquinaria, granjas, etc.).

 

En este nuevo enfoque de la economía, el control de las compañías multinacionales resulta igualmente necesario, tanto por lo que se refiere a sus formas de contratación y de subcontratación como a sus comportamientos comerciales, tecnológicos, fiscales y ambientales.

 

El ámbito financiero requiere una transformación radical en la que desaparezcan las actuaciones y los mercados especulativos, que se dote de una fuerte banca pública, que exima de privilegios a los bancos, y que sea capaz de promover, amén de monedas locales, una banca ética en la que no existan intereses usurarios, en la que las inversiones sean dirigidas a la utilidad de los ciudadanos y en la que el dinero se entienda como intermediario -no lucrativo- que meramente catalice las operaciones económicas.

Por descontado, también una estructura de funcionamiento en la que las pensiones sean siempre y exclusivamente públicas, y en la que los agentes de las finanzas respondan ante la ley como cualquier ciudadano.

Tampoco se puede olvidar en este apartado la necesidad de un sistema tributario progresivo, la desaparición de los paraísos fiscales y la aplicación de un sistema de renta básico universal.

 

En las relaciones económicas internacionales deberían fijarse igualmente determinados objetivos de equidad tales como el establecimiento de modalidades de comercio justo, las transferencias de tecnología sin costo alguno, junto a la estricta limitación de los derechos de patente, la rápida abolición de la deuda externa de los países del Sur, el incremento más que notable de la cooperación al desarrollo y la radical desaparición de los gastos militares.

Y en este capítulo debería convenirse igualmente la retirada de cualquier impedimento a las migraciones: el Planeta es de todos y nada ni nadie debería tener capacidad para establecer fronteras ni controles a los flujos de población. Se trata de un principio ético fundamental.

 

Desde la óptica social, los elevados niveles de desocupación que se vienen dando en un gran número de países, exigen replantearse con rapidez la reducción de la jornada laboral (con disminución de horas, con aumento de días de vacaciones o con anticipación de la jubilación) y la potenciación de trabajos a media jornada o a media dedicación. No se puede pretender mantener jornadas de ocho horas cuando afortunadamente el progreso técnico las hace innecesarias.

Pero las estructuras empresariales deben también cambiarse para irse dirigiendo hacia formas de estructura cooperativa en las que la poco recomendable separación entre el capital y el trabajo vaya desapareciendo.

Este debería ser uno de los elementos básicos en la gestación de un nuevo e imprescindible sistema económico.

 

Nuevo sistema económico que debería asumir en cualquier caso el reto de dar un verdadero sentido a las ahora más que débiles democracias. Por un lado, el establecimiento de formas de gobernabilidad que den mayor poder a las instituciones más cercanas a los ciudadanos, es decir, aplicando el principio de subsidiariedad, y por el otro la eliminación del poder político de las estructuras sin representación popular alguna, como las empresas transnacionales, los medios de comunicación más potentes y los grupos de presión que defienden estrictamente intereses corporativos (G-8, Foro Económico de Davos, Club Bilderberg, etc.).

 

Naturalmente todas estas propuestas deberían encuadrarse en la preocupación sobre el futuro del Planeta.  Un Planeta en el que mil millones de personas, abocadas al consumo irracional, obligan a los otros seis mil millones a mantenerse en insoslayables estadios de pobreza y, lo que quizás sea aún peor, condenan a las futuras generaciones a conflictos por recursos y a una innecesaria disputa por una supervivencia que podría quedar garantizada si los bien-estantes de la Tierra optáramos de una vez por todas por el decrecimiento y avanzáramos con ello hacia una economía al servicio de las personas.

 

Arcadi Oliveres Boadella  Barcelona . España

Catedrático de economía y Presidente de Justicia i Pau.

(Publicado en Agenda Latinoamericana 2013)

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