Con tanta economía, tantos mercados y tanta crisis, crece la miopía social y la destrucción de los valores humanos. Las noticias, las políticas, las crisis, los servicios sociales,…todo está marcado por la economía. El mundo actual tiene de referencia el dinero. El Sistema sólo quiere productores y consumidores, pero no ciudadanos.

La economía perdió su fundamento de atender las necesidades materiales de la población, para dedicarse a la manipulación y especulación del dinero. Hay dinero para rellenar fondos de los bancos, pero no para eliminar el hambre de la gente.

Hemos conseguido un diez en economía y tecnología y un cero en humanismo.

 

¿Qué queda del Derecho Internacional tras las invasiones de Irak, de Afganistán, de Palestina,…? ¿O quién construye la llamada ‘opinión pública’ sino los medios de comunicación que están en manos de los que mandan? ¿O qué se busca con las reformas educativas: que los hijos de los pobres no puedan competir con los hijos de los ricos?

Sólo el dinero manda. Y cambiar de conversación resulta una falta de educación.

El gobierno español consideró que ofender a una empresa privada multinacional (Repsol) es una ofensa a España. Sin embargo, ofender a los españoles participantes de la Flotilla Solidaria (hacia la Franja de Gaza) era una desconsideración a Israel.

Poco a poco se van destruyendo la verdad, los derechos,…

 

¿Y la justicia, qué…? No vale el tópico: “bien, gracias”.

Un compañero español nos decía: “No tengan miedo a saber. ¿Quién ha dicho que todas las leyes del Poder Legislativo son justas? ¿O por qué todas las políticas de los Gobiernos van a ser justas? ¿Y quién asegura que todas la sentencias de los Tribunales son justas?”.

¡Cuántas escaramuzas y mentiras del expresidente y magnate Berlusconi durante once años para burlar la Justicia italiana y librarse de la cárcel por sus muchos y variados delitos!

Y nos relató cantidad de ejemplos de la Justicia española dignos de reflexión:

Poderosos empresarios, como Alberto Cortina y Alberto Alcocer, absueltos por el Tribunal Constitucional por supuesta prescripción de los delitos.

Tramas enormes de blanqueo de capitales, como el caso Ballena Blanca, que el tribunal saldó con una leve condena a 5 de los 19 acusados.

Causas contra banqueros, como Emilio Botín y familia, por fraude fiscal, que los jueces archivaron.

Indultos del Gobierno: a personalidades como el banquero Alfredo Sáenz, condenado a cárcel e inhabilitación, por acusaciones falsas. O como al ex alto cargo de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Servitje, o al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes del partido Unió Democrática y ambos condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos con penas de cárcel. O a los policías (Mossos d’Esquadra) condenados por torturas y  otros condenados por apalear a un ciudadano.

Altos cargos políticos, como el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, declarados “no culpables” por el juez a pesar de sus conocidas prácticas prevaricadoras y de malversación de fondos públicos. O el caso del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuyo juicio se demora una y otra vez, a pesar de llevar ocho años de instrucción,   por blanqueo de capitales, ocultación fiscal, prevaricación y uso indebido de fondos públicos. O el alcalde de Badalona,  Xavier García Albiol, denunciado por repartir folletos xenófobos contra la inmigración rumana, cuya causa ha sido archivada por segunda vez.

Policías que ni siquiera son expedientados, por cargar con extrema dureza en Valencia  contra los manifestantes, viandantes y periodistas. O policías que el tribunal de Madrid condenó con una multa simbólica por la “muerte no accidental” de un inmigrante nigeriano.

El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres, que montaron una especie de ONG (grupo Nóos) para recaudar millones de euros, pero que aún ni siquiera han sido imputados, y que ahora quieren negociar con la Fiscalía y pagar un dinero por el gran fraude cometido y así eludir la cárcel o mayores consecuencias.

Altos cargos judiciales, como el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, acusado de malversación de fondos públicos, y cuyas diligencias han sido archivadas por la Fiscalía sin investigación y sin explicación alguna.

Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalando al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo, en contra del dictamen del Tribunal Supremo español. Quien resultó condenado fue el propio juez Garzón.

Revelaciones de Wikeleaks sobre determinados miembros de la Administración de Justicia que se doblegaron a las presiones de la embajada norteamericana y del gobierno.

Grandes partidos políticos (PP y PSOE) que están desobedeciendo el imperativo constitucional (Máxima Ley) al no acordar los nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

O si miramos el embudo al revés:

No se concedió el indulto solicitado para un preso de 61 años, enfermo y casi desahuciado, que llevaba 34 años en prisión, acusado y condenado por robar un fusil del ejército, desertar y quedarse con sus hijas tras un permiso carcelario.

Otro juez de Barcelona condenó a un manifestante con una multa de 6.000 euros por hacer una cacerolada delante de una sede de la Caixa.

Una sindicalista de CGT condenada a 47 días de prisión por “quemar dinero falso en público”.

Estudiantes valencianos, menores de 13 años, multados con 6.000 euros por manifestarse protestando por la falta de calefacción en las aulas.

¿Quiénes están en las cárceles? Los presos preventivos que no tienen para pagar una fianza y los que no pueden pagar un buen abogado y han de conformarse con un abogado de oficio (desconocido, cargado de trabajo y mal pagado), es decir, los pobres.

La igualdad ante la ley es una abstracción verbal y una mentira real.



 

La ventana del mochuelo

 

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