A mediados de mayo un grito retumbaba en las calles y plazas de centenares de ciudades:

No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.

La respuesta desde círculos políticos no se hizo esperar: Eso es un simplismo.

Como expertos nos miran los políticos y como técnicos en la materia nos hablan. A la ciudadanía le queda ver, oír y callar. Por lo visto, la gente nada entiende de estos temas…

Ellos sí definen que la crisis financiera es resultado de la falta de confianza que los mercados financieros tienen en determinados Estados y en su capacidad para pagar su deuda pública.

¿Es problema de confianza de los mercados, de fe en los gobernantes, o es de sumisión a los poderes financieros?

Los políticos no cuentan que esta crisis es posible gracias al sistema de la Eurozona diseñado para favorecer los intereses del poder financiero, especialmente de la banca, a costa de la ciudadanía y de la debilitación de los Estados.

No explican que cuando se creó el Banco Central Europeo (BCE), la banca alemana exigió unas condiciones favorables a sus intereses: El BCE se encargaba de imprimir los euros (dinero público), pero se le prohibía ayudar a los Estados miembros comprándoles deuda pública cuando sufrieran ataques de los mercados financieros especulativos. El BCE debía transferir el dinero a los bancos privados para que estos negociaran con la deuda pública de los Estados.

Y así fue. El BCE transfiere dinero a la banca privada al 1% de interés y la banca privada presta o compra deuda a los Estados al 6% y 7% (¡Excelente negocio!). El BCE fortalece a los bancos privados y éstos asfixian a los Estados. Los bancos alemanes y franceses poseen nada menos que 265.000 millones de euros de deuda pública. El BCE, pues, no ejerce como Banco Central de los Estados, sino como protector de la banca privada, y todo eso con dinero público.

Ahora se habla de una válvula de escape: El artículo 23 de su constitución autoriza al BCE a prestar dinero a instituciones internacionales.

Es decir, prestará dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI), que es otro portavoz de la banca, para que este organismo ‘ayude’ a los Estados a pagar sus deudas a los bancos, siempre y cuando los Estados acepten condiciones leoninas (enormes recortes sociales, laborales, sanitarios, educativos,…) teóricamente para aumentar la competitividad, pero en la práctica para desmantelar los servicios públicos y permitir la privatización a cargo del capital financiero.

¿No es exactamente esto lo que está ocurriendo con Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia…?

¿De veras resulta tan simplista ese lema de las manifestaciones del 15-M…?

 

Otro grito sonaba en aquellas plazas: “No es una crisis, es una estafa”.

Según los políticos: Otro simplismo.

En ese caso, rectificaremos. No es una estafa, es una cadena de estafas, un plan criminal perfectamente concebido y ejecutado por parte de las oligarquías financieras contra la población europea, un plan que goza de absoluta impunidad.

Es la estafa del sector bancario y financiero, que se ha enriquecido a la vez que destruía empleo y extraía hasta el último céntimo de aquéllos que viven de una nómina.

Es la estafa de que el rescate de la banca con fondos públicos iba a facilitar créditos a las empresas y ciudadanos, pero los bancos desviaron ese dinero para otros negocios. Y que el rescate de la banca era necesario para asegurar los ahorros de sus clientes, pero sólo sirvió para aumentar la deuda pública, con la que luego los poderes financieros ahogan a los Estados.

Es la estafa hipotecaria, que nos hizo creer que todos podíamos ser propietarios y acabó mostrando que los prestamistas serán los únicos propietarios de nuestras casas y de nuestras deudas. El INE calcula que en 2015 se habrán ejecutado 700.000 desahucios en España.

Es la estafa de la clase política dominante, que ha privatizado lo mejor y más rentable del sector público, diciéndonos que era lo mejor para todos por librarnos de la “pesada carga” de unas deficitarias empresas públicas (que automáticamente han producido multimillonarios beneficios a quienes las han adquirido a precio de saldo).

Es la estafa electoral de las oligarquías políticas, esas que permiten que los dos grandes partidos, PP y PSOE, obtengan un diputado en el Parlamento por sesenta mil votos -o menos- mientras que a otros partidos pequeños les cuesta un diputado hasta setecientos mil votos.

Es la estafa de las plutocracias políticas, que han limitado el ejercicio democrático a poder depositar una papeleta electoral (unas con más valor que otras por lo visto) en una urna cada cuatro años.

Es la estafa perpetrada por el gran capital y sus servidores, cuya codicia insaciable ha llegado al extremo de comprar políticos y ponerlos a su servicio para que acaben con la progresividad fiscal en general y con las cargas impositivas a las rentas del capital en particular, provocando una concentración de riqueza insultante en pocas manos a la par que la reducción insoportable de los ingresos del Estado y la pauperización acelerada de la gran mayoría social.

 

Hubo gritos que aún ofendieron más a los políticos y sus voceros: “Que no, que no, que no  nos representan”, “lo llaman democracia y no lo es”.

De nuevo los políticos respondieron: No sólo es simplismo, es populismo y antipolítica.

Algo raro sucede. Tan listos y entendidos que son los gobernantes y, sin embargo, tan cortos de entendederas.

¿Realmente representan a su electorado, si no se dedican a conseguir los objetivos que prometieron en campaña electoral?

¿Representan a la ciudadanía, si dejan de parecerse a los ciudadanos en su forma de vivir y de actuar, rodeándose de prebendas y privilegios?

¿Representan a su pueblo, si optan a favor de los mercados y en contra de la población, si rescatan a los bancos pero condenan a la sociedad, etc.?

Por otra parte, ¿Es democracia, si las leyes no sirven para regular el sistema y hacer que este funcione eficaz y equitativamente, esto es, satisfaciendo dignamente las necesidades de todos sus integrantes? En tal caso, las leyes dejan de ser eficaces y se convierten en injustas e inequitativas. Es decir, se convierten en instrumentos de dominación de unos sectores sociales (unilateralmente beneficiados) respecto a otros sectores sociales (mayoritariamente perjudicados), provocando el conflicto social.

¿Es democrático que las corrupciones de los dirigentes y sus malversaciones de dinero público se encubran con oscurantismo e impunidad?…

 

Mirada Solidaria.es

 

* Referencia a los artículos: “Por qué lo que ocurre en la Eurozona es indignante” de Vicenç Navarro y “Toda revolución necesita una constitución” de Enrique Santiago Romero.

 

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