Mala prensa tiene eso de la ‘simplificación’. Nuestro sistema social ha oficializado con talante democrático ese término, al igual que el de la ‘generalización’: Efectivamente, no se puede ‘generalizar’ cuando opinamos, ni se puede ‘simplificar’ porque los problemas o cualquier tema son muy complejos. Dos salidas recurribles y honrosas utilizadas habitualmente en nuestras  conversaciones. Pero si mitificamos ambas palabras, la huída de la ‘generalización’ puede servir para ocultar delitos evidentes, o el abandono de la ‘simplificación’ enterrar las represiones más salvajes. Por cierto, son muy habituales las simplificaciones acerca de Latinoamérica. Está bien;  por no ser dueños exclusivos de la verdad no tenemos derecho a simplificar sin más, ni a generalizar sin menos. Pero se mitifican los términos cuando se les convierte en escusas para impedir que se analicen las causas y se profundice en un asunto. En este caso, cambiemos el título y digamos “resumiendo”.

    

     Hace 20 años se realizó una de las masacres más horrorosas de la guerra civil salvadoreña. En ésta fueron sumariamente asesinados 6 jesuitas y dos de sus colaboradoras, entre ellas, una adolescente de 16 años de edad. Tan evidente fue el sadismo de la fuerza armada salvadoreña, como la inoperancia del sistema judicial de El Salvador.
Trasfondo: Los jesuitas, conscientes de la depresión y represión que aquel pueblo sufría, idearon la Universidad Centroamericana (UCA) con un compromiso preciso: su opción preferencial por los pobres. Ciencia e investigación servirían entonces a esta causa y ambas demostrarían su eficacia, en la medida en que dichos instrumentos de análisis les proporcionarían un pensamiento crítico que debería hacer de ellos (los pobres), los hacedores de su propia historia. La transformación vendría entonces desde abajo, ahí donde hombres y mujeres dinamizados por la luz de la razón serían los responsables de su propio destino. En esto consistió, pensamos nosotros, la Gran Utopía de la dirección jesuita de la UCA.  La reacción de las élites domina ntes salvadoreñas no se hizo esperar. En plena guerra fría, hombres de ciencia, profundamente humanistas, fueron señalados inmediatamente como comunistas y, peor aún, en plena guerra civil sangrienta, fueron acusados de ser los ideólogos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Se desata entonces contra ellos y contra su proyecto, a través de la prensa nacional, las bombas terroristas y las amenazas de todo tipo, toda la furia reaccionaria. En aquella época, había un slogan de la derecha salvadoreña que decía: “Haga patria, mate un cura”. Todo les anunciaba su fin próximo: Monseñor Romero fue asesinado en su propio templo, en el momento de la consagración. Otros padres caían asesinados en sus casas de retiro junto a otros cristianos. Otros sacerdotes eran expulsados del país o emboscados para darles muerte. La UCA siguió su rumbo: desmitificando la realidad opresora para volverla transparente, comprensible. Abriendo así, caminos de esperanzas. Sus análisis dejaban al descubierto la hipocresía, la irracionalidad del poder dominante. Era lo que les daba fuerza moral, despertando así, el entusiasmo, el reconocimiento del pueblo. Los jesuitas representaban entonces, para toda una generación de estudiantes, el modelo de un nuevo tipo de intelectual: el que actúa no como el astuto intelectual oportunista, siempre atento a la búsqueda del puesto, a figurar entre los “poderosos”, sino el que actúa de acuerdo al bien común. Es este compromiso ético con la verdad el que ellos asumieron hasta las últimas consecuencias. En 20 años, el Gobierno salvadoreño no consiguió aclarar los crímenes ni cas igar a los militares culpables, pero ahora otorga a los jesuitas masacrados la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado, máxima condecoración del país reservada a personas que han prestado “eminentes servicios” a la nación.

Y AQUÍ PAZ Y DESPUÉS GLORIA…

     

     ¿Cuántos días han pasado desde el golpe militar en Honduras, cometido  el 28 de junio 2009? ¿Fue un golpe de estado o no lo fue? ¿Debieron reaccionar la ONU, las Grandes Potencias y la Comunidad Internacional? ¿La destitución y detención del legítimo presidente Zelaya es admisible democráticamente o no? ¿La condena por parte de la Comunidad Internacional puede limitarse a puras palabras o exige acciones concretas e inmediatas?… La Comunidad Internacional hace tiempo ejerce de bombera, apagando fuegos según sus propios intereses. Y los intereses de los poderosos, querido amigo, hace tiempo predominan sobre los derechos humanos. La crisis hondureña finalmente se resolvió “por el lado malo”: la consolidación del régimen golpista y la institucionalización de las ilegítimas elecciones a celebrar el 29 de Noviembre. Ya la Casa Blanca ha declarado que los resultados de los comicios serán admitidos como válidos ‘lográndose así la normalización de la vida democrática y poniendo fin al “interinato” de Micheletti’, eufemismo con el que desde un principio Washington caracterizó al golpe de Estado de la oligarquía hondureña.  ¿Por el hecho de que Estados Unidos reconozca los resultados, las elecciones bajo el gobierno golpista son solución para un golpe de estado? ¡Tanto tiempo para esto! ¿Esta es la salida democrática? ¿Las elecciones van a ser democráticas? Entre otros detalles, alrededor de 110 candidatos a alcaldes y 55 a diputados no participaron en las elecciones del 29 de noviembre en Honduras, por estar en desacuerdo con el golpe de Estado militar de junio pasado. Los países extranjeros se han negado a enviar observadores.  El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, que sigue luchando por la restitución de Zelaya y por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ha decido que no reconocerá las elecciones del 29 de noviembre ya que considera que se trata de un fraude que están organizando los golpistas para: “asegurar la imposición de uno de los representantes de la oligarquía golpista para dar continuidad a su proyecto antidemocrático y represor”. El líder de la resistencia antigolpista, Luis Gradis Espinal, fue asesinado en vísperas de las elecciones. La empresa contratada para efectuar el cómputo electrónico es propiedad de un golpista llamado Arturo Corrales. Pero Micheletti y la Casa Blanca aseguran que serán democratísimas. De hecho: El abstencionismo ha sido superior al 65%, a pesar de que ampliaron una hora más para recabar más votos. Si el representante del Partido Nacional, Pepe Lobo, obtiene alrededor del 55% de los votos emitidos ¿A cuánta población va a representar realmente?. Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador y Uruguay, además de otros varios países, como España, han ratificado que no van a reconocer el resultado de las elecciones. Pero estamos en lo de siempre: SI LOS GOLPISTAS Y ESTADOS UNIDOS CONSIDERAN VÁLIDAS Y DEMOCRÁTICAS ESTAS ELECCIONES…PUNTO FINAL. Es difícil para mucha gente no sentirse ridiculizada por los políticos y gobernantes, como si la ciudadanía fuese tonta, tarada, muda y ciega. En cuántos pueblos han colgado este letrero: PROHIBIDO VER LO EVIDENTE.

     

     Poquito a poco van cayendo.

* Un tribunal penal de Costa Rica condenó hoy a cinco años de prisión al ex presidente Rafael Ángel Calderón Fournier por dos delitos de desvío de fondos públicos en un caso de reparto de ocho millones de dólares en comisiones de un préstamo estatal. Calderón afirmó a periodistas después de escuchar la sentencia, que “no hay pruebas” para que lo condenaran y anunció que presentará un RECURSO de casación en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia.

* El ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) ha sido procesado por la Justicia de su país por un presunto encubrimiento en la investigación del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de una mutualista judía en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas… El juez también procesó a Hugo Anzorreguy, ex titular de los servicios secretos argentinos, por considerarle partícipe necesario del delito de encubrimiento, autor del delito de abuso de autoridad y coautor del delito de falsedad ideológica en cinco oportunidades. Otros de los procesados son los ex policías Jorge Palacios y Carlos Antonio Castañeda, y Juan Carlos Anchezar, antiguo miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

* La Fiscalía de Colombia llamó a juicio al ex presidente del Congreso Carlos García por el delito de concierto para delinquir agravado debido a sus supuestos nexos con grupos paramilitares de ultraderecha, informaron fuentes oficiales.
Las investigaciones señalan que en 2001 el senador hizo un pacto con los paramilitares para gestionar proyectos de inversión social en sus zonas de influencia, a cambio de un respaldo político de esos grupos ilegales. “El fallo de primera instancia, proferido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia el 25 de febrero de 2009, fue APELADO por la defensa del ex congresista, quien es investigado por sus presuntos vínculos con el ‘Bloque Tolima’ de las autodefensas”, explicó la Fiscalía. Unos 70 congresistas son investigados por sus supuestos nexos con los paramilitares, una treintena de ellos presos por esos vínculos.

* También en septiembre, el juez chileno Víctor Montiglio procesó a unos 120 antiguos represores de la dictadura de Augusto Pinochet por su responsabilidad en la desaparición de centenares de opositores en los años 70, informaron fuentes judiciales y policiales. Entre los nuevos imputados, hay cinco altos oficiales retirados del Ejército: César Manríquez, Manuel Carevic, Sergio Castillo, Fernando Chaigneau y Luis Sovino, además de 45 suboficiales, 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, once de la Marina, seis de la Policía de Investigaciones y 32 ex carabineros, entre otros. En diciembre de 2005, el juez Montiglio había procesado en este caso al propio Augusto Pinochet, fallecido un año después, en diciembre de 2006, sin haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos ni por los delitos económicos por los que también estaba enjuiciado. Bajo la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado y, de ellas, unas 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

* La justicia peruana condenó en Abril-2009 a 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por la muerte de 25 personas durante la guerra sucia contra la guerrilla en aquella época, así como por el secuestro de dos personas, en un histórico fallo que marcaría un precedente para casos de abusos contra los derechos humanos en el mundo.  Fujimori, de 70 años y quien en todo momento ha negado las acusaciones, afrontó un proceso que duró 16 meses y terminó con un fallo en el que se le encontró culpable de ser autor mediato de asesinatos con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves que constituyen, según la sentencia, crímenes de Estado y crímenes contra la humanidad. Fujimori anunció de inmediato que interpondrá un RECURSO de nulidad.

     AL PARECER EN LATINOAMÉRICA RESULTA MÁS FÁCIL ACUSAR Y DETENER A POLÍTICOS Y EX AUTORIDADES, QUE EN OTRAS PARTES DEL MUNDO. ¿Por qué será? Todo ello independientemente de que los gobernantes, políticos, militares, grandes empresarios,…tengan la capacidad de RECURRIR Y RECURRIR…hasta que las causas prescriban o ellos estén impedidos para ir a la cárcel. Por eso se dice que LA JUSTICIA VE, no tiene los ojos tapados, ni es ciega, a lo sumo es tuerta y conoce a quién condenar.

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